Podemos identificar varias etapas con cualidades diferentes, que han cambiado a través del tiempo, delineando las particularidades del proceso migratorio.
La migración México-Estados Unidos muestra al menos tres características que la distingue de otros flujos migratorios en el mundo: la longevidad histórica de los ires y venires de las personas; la colindancia entre las dos naciones; y la masificación de los flujos. Desde luego, la permanencia histórica de este fenómeno no significa una homogenización en sus características, en los impulsos para migrar o en la atracción estadunidense para cruzar la frontera; por el contrario, podemos identificar varias etapas con cualidades diferentes que han cambiado a través del tiempo delineando las particularidades del proceso migratorio.
Luego del fin de la guerra de 1847 entre México y Estados Unidos que redujo prácticamente a la mitad el tamaño de nuestra geografía y, por ende, rediseñó la línea fronteriza, comenzó el largo ascenso de nuestra historia migratoria. Primero, fue una migración forzada de trabajadores que se extendió hasta 1866. A partir de ese año y hasta 1875 el flujo de personas se llevó a cabo sin obstáculos; pero en 1885 se promulgó la Ley Foran que prohibió la migración de mano de obra con contratos de trabajo arreglados antes de su llegada a la Unión Americana. De esa manera se cerraba el siglo XIX.
A inicios del siglo XX las condiciones cambiaron, entre 1900 y 1920 la migración se desarrolló por medio del enganche de trabajadores en México que realizaban contratistas estadunidenses para llevar mano de obra en condiciones semiforzada. Tras esas dos décadas, las condiciones volvieron a cambiar entre 1920 y 1939, en medio de las dos guerras la política migratoria estadunidense apretó las tuercas y comenzaron las deportaciones de migrantes llegados en los años anteriores, teniendo como actor principal a la Patrulla Fronteriza fundada en 1924. La urgencia de mano de obra a partir de los últimos años de la segunda guerra mundial permitió la llegada de nuevos trabajadores ahora en el marco del programa Bracero que estuvo vigente de 1942 a 1964, beneficiando a miles de trabajadores mexicanos; una vez cancelado el programa se dio paso a la etapa de los “indocumentados” de 1965 a 1986, caracterizada por un mayor control del flujo migratorio por parte de Estados Unidos bajo el esquema de cuotas por país, así los mexicanos fueron considerados como migrantes y ya no como trabajadores. Tuvieron que pasar dos décadas para experimentar un nuevo cambio cualitativo en la migración; a mediados de los años ochenta tuvimos la penúltima etapa conocida como la de los “rodinos”, en 1987 al menos dos y medio millones de mexicanos se acogieron a la Ley de Reforma para el Control de la Inmigración en Estados Unidos, mejor conocida como la ley Simpson-Rodino que permitió la legalización de su estancia en la Unión Americana.
A partir de esa fecha las condiciones cambiaron, y también la temporalidad de la última etapa que estamos viviendo que lleva ya dos décadas y media, en tanto las anteriores habían durado más o menos veinte años cada una, con excepción del siglo XIX donde fueron más breves.
A partir de 1994 vivimos la etapa de la militarización de la frontera, la construcción del muro y el recrudecimiento de la persecución y deportación de personas migrantes. Veamos de qué manera se ha construido este último momento en el flujo de mexicanos allende las aguas del río Bravo, y cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca a ello.
En 1994, ya con Bill Clinton despachando en la Oficina Oval, se puso en marcha el Operativo Guardián, lo que implicó un incremento en la seguridad fronteriza que no solo se mantuvo a lo largo de sus dos periodos presidenciales, sino que tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se recrudecieron las medidas de seguridad, y se puso en marcha el programa Control Fronterizo en Arizona a partir de 2004, que incluyó el uso de aviones no tripulados, vehículos Hummer, helicópteros, 12 mil efectivos de la Patrulla Fronteriza y 6 mil soldados de la Guardia Nacional.
Las condiciones no cambiaron luego de la presidencia de George W. Bush y durante el gobierno de Barack Obama, quien no pudo sacar adelante su promesa de una reforma migratoria integral, y debió conformarse tan solo con la emisión de dos Órdenes Ejecutivas: “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés), para frenar las deportaciones, y conceder visados de trabajo a todas las personas que hubiesen llegado a Estados Unidos siendo niños y vivido desde entonces “ilegalmente”, a través de DACA se han beneficiado 1.7 millones de personas; y la “Acción Diferida para Padres de Estadunidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) para beneficiar a los padres y madres “sin papeles”, que tuviesen hijos residentes o ciudadanos estadunidenses. Cabe mencionar que DAPA nunca entró en vigor, pues un juez federal de Brownsville, Texas demandó a la Casa Blanca apoyado por veintiséis estados de la Unión Americana y la orden se congeló y así se mantiene hasta el día de hoy. Con respecto a DACA, la Orden Ejecutiva debe ratificarse cada dos años, en estos momentos se espera la decisión de la Corte Federal para saber si continúa o no, debido a que el presidente Donald Trump la tiene suspendida.
Más allá de DACA y DAPA, no debemos olvidar que Barack Obama, ha sido el presidente que mayor número de migrantes “indocumentados” ha deportado en la historia de Estados Unidos. Las cifras alcanzaron los tres millones de personas.
Con la llegada de Donald Trump a la oficina oval, la política antimigratoria puesta en marcha desde 1994 no cambió, por el contrario, se recrudeció. Se continúa la construcción del muro fronterizo y el uso de los centros privados de detención migratoria en la frontera; se ha incrementado en 5 mil policías más la guardia de la Patrulla Fronteriza, además de 10 mil agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles). Por otro lado, se mantiene un enfrentamiento directo desde la Casa Blanca con las llamadas “ciudades santuario” que legalmente no existen, pero en la práctica son más de doscientas y apoyan a millones de migrantes, sobre todo, se niegan a colaborar con las políticas policiacas de Trump quien constantemente amenaza a esas ciudades con reducirles los fondos federales en tanto sigan apoyando a los migrantes.
Asimismo, el presidente Trump canceló la política conocida como “detener y liberar” que permitía a un migrante “indocumentado” al ser detenido esperar en libertad la cita con un juez para conocer su situación, ahora son remitidos a centros de detención mientras las cortes deciden su futuro. Se ha reactivado el programa Comunidades Seguras para involucrar a los policías locales y estatales como agentes migratorios. Finalmente, mediante el Programa Permanece en México, Washington está regresando a migrantes centroamericanos a nuestro país para esperar la resolución de su petición de asilo, con lo cual México se ha convertido de facto en un Tercer País Seguro.
Así las cosas, llevamos desde 1994 con las mismas políticas antimigratorias en Estados Unidos. Esta última etapa que ya está por alcanzar las tres décadas, es el tiempo en donde más migrantes han sido deportados, mayor número de personas han sido detenidas en redadas a lo largo de la Unión Americana, y, sobre todo, los años en donde más mexicanos migrantes han muerto en su intento por llegar a nuestro vecino del norte. Lo más lamentable de todo esto, es que nada parece asomarse en el horizonte migratorio que permita suponer un cambio en las disposiciones existentes, por el contrario, la violencia hacia los mexicanos, que no tienen el derecho a no migrar, parece que continuará los siguientes años.
